¿Son seguros los alimentos transgénicos?

La progresiva presencia de los alimentos transgénicos, también conocidos como alimentos genéticamente modificados (GMFs, por sus siglas en inglés), es un hecho. Aunque el desarrollo de este tipo de productos es justificado por causas socio-económicas como la seguridad alimentaria y el calentamiento global, su introducción continúa causando polémica entre consumidores y ambientalistas. Éstos, temerosos por sus implicaciones en la salud -actualmente desconocidas y rodeadas de incertidumbre-, se preocupan también por el posible desequilibrio medioambiental que conllevaría la introducción directa y descontrolada de genes modificados en los ecosistemas.

De cualquier manera, parece ser que si analizamos cuidadosamente la evidencia actual de este dilema: riesgos vs. beneficios (críticos vs. defensores), descubrimos un camino relativamente claro. Primero entendamos por GMFs a todos aquellos alimentos a los que se les ha insertado genes exógenos (de plantas o animales) en sus códigos genéticos (1).

Entre los GMFs se destacan:

  1. Cultivos que son directamente un GMF y que pueden ser tolerantes a herbicidas o resistentes al ataque de plagas.
  2. Alimentos procesados que contienen uno o más ingredientes derivados de cultivos modificados genéticamente.
  3. Alimentos que se han producido con un producto auxiliar que puede venir de un microorganismo genéticamente modificado (por ejemplo, quesos elaborados del compuesto de hongos genéticamente modificados como el Aspergillus Níger) (2).

La gran mayoría de las investigaciones sobre GMFs sugiere que son seguros para comer y que además tienen el potencial de alimentar a millones de personas que actualmente son víctimas del hambre en el mundo. David Zilberman, economista agrícola y ambiental de U.C. Berkeley dice que el uso de cultivos transgénicos ha bajado el precio de los alimentos y ha aumentado la seguridad del agricultor al permitirle utilizar menos pesticidas. Además, en algunas zonas se ha incrementado la distribución del maíz, del algodón y de la soja de un 20% a un 30%. Algo que para algunas personas representa literalmente sobrevivir (3).

La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) estima que el mundo tendrá que aumentar un 70% más la producción de alimentos para abastecer a 2,300 millones de personas adicionales en el año 2050 (4). Por eso, la apuesta se centra en los GMFs: mejores rendimientos, crecimiento en tierra seca y salada, soporte ante altas y bajas temperaturas, y tolerancia a insectos, enfermedades y herbicidas.

Por otro lado, el consumo de este tipo de alimentos ha aumentado 100 veces la superficie global de cultivos transgénicos desde el año 1996. En el 2014, las hectáreas biotecnológicas crecieron una tasa anual del 3 al 4%, un aumento equivalente a 6.3 millones más de las 175.2 millones de hectáreas con las que ya se contaba en el 2013. Los productos más producidos mediante estas técnicas fueron: la soja, el maíz, el algodón y la canola. Otros cultivos menores: alfalfa, remolacha azucarera, papaya, calabaza, álamo, tomate, pimiento, y berenjena (5).

En el caso de México, una resolución judicial en 2013 suspendió la medida que prohibía la siembra del maíz transgénico. El principal argumento en contra, era que en México, al ser centro de origen y diversificación del grano, no se debería sembrar maíz genéticamente modificado porque los genes podrían contaminar a otras especies nativas. En relación a esto, Mayra de la Torre Martínez, profesora investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), e investigadores de la FAO, mencionan que aunque todavía no se ha probado que el consumo de transgénicos afecte a la salud de las personas; existen nuevas técnicas científicas que podrían identificar cambios a nivel genético, proteínico y metabólico, inclusive en otras especies nativas (6) (7).

También, un tema que no puede dejarse de lado en este debate es el de la propiedad intelectual. En la primera mitad del Siglo XX, las semillas estaban en su mayoría en manos de agricultores y fitomejoradores del sector público. En décadas siguientes las empresas multinacionales de ingeniería genética han aprovechado la regulación como estrategia de control del germoplasma vegetal. Según Context Network, hoy en día el mercado de las semillas patentadas (monopolio exclusivo) representa el 82% del mercado mundial de semillas comerciales, siendo valorado en el 2007 por US $22,000 millones (9). Es decir, las patentes, por sí mismas, pueden traer otros problemas que aún no hemos visualizado del todo: concentrar el poder corporativo, incrementar costos a largo plazo -aunque por el momento se comunique lo contrario-, y debilitar más los derechos de los agricultores. Es un hecho que si el crecimiento poblacional continua al mismo ritmo, la demanda mundial de alimentos aumentará durante al menos otros 40 años. La creciente competencia por la tierra, el agua, y la energía, además de la sobreexplotación de las pesquerías, afectarán nuestra capacidad de producir alimentos -los efectos del cambio climático son sin duda una amenaza adicional-. Respondiendo a la pregunta: ¿son seguros los alimentos transgénicos?, podemos suponer que los productos que se encuentran actualmente a disposición del público no representan ningún peligro para la salud humana. Sin embargo, será preciso presionar a la instituciones a instrumentar permanentes mecanismos de control e investigar a profundidad antes de introducir nuevos productos a base de GMFs.

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:

(1) https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002432.htm
(2) http://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art24/int24-1.htm
(3) http://www.scientificamerican.com/article/the-truth-about-genetically-modified-food/
(4) http://www.fao.org/news/story/es/item/35675/icode/
(5) http://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art24/int24-3.htm
(6) http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_booklets/top_10_facts/download/Top%2010%20Facts%20Booklet.pdf
(7) http://www.ciad.mx/component/content/article/139-articulos/1275-el-debate-de-los-transgenicos.html
(8) http://www.fao.org/docrep/006/y5160s/y5160s10.htm
(9) http://www.gmwatch.org/gm-firms/10558-the-worlds-top-ten-seed-companies-who-owns-nature

Brutum Fulmen: Sistema de salud mexicano

La re-estructura del sistema de salud mexicano es una cuestión de complejidad titánica. Sin embargo, la mayor parte de esta complejidad no radica exclusivamente en el nivel de inversión (1) o en la capacidad de absorción tecnológica del país -como ha sucedido en otros sectores económicos y como sería relativamente lógico pensar (2)-, sino en el carácter dinámico de un proceso donde diversos agentes interactúan esperando casi siempre propuestas y soluciones inmediatas. Todo esto, entendible quizás por la sensibilidad de estadísticas de salud dentro de las más altas esferas políticas durante las últimos décadas-e.g. crítica pública por incrementos abruptos en las tasas de mortalidad-.

De acuerdo al Dr. Julio Frenk, Secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox y reconocido especialista en el área, aunque México ha tenido éxito erradicando varias enfermedades y ha extendido su cobertura en seguridad social (3), el sistema de salud aún no es eficiente en términos financieros o en calidad (4). Y es que al hablar de salud, parece ser que debates relevantes únicamente ocurren durante situaciones extremas, concluyendo en discutibles importaciones tecnológicas y, generalmente, en la implementación de “mejores prácticas” internacionales -OMS, OCDE, etc.- (1) (5).

Dimensión política-institucional: Coordinación de la estructura organizacional

Como primera dimensión de análisis y reconociendo la dicotómica naturaleza (coercitiva <-> inestable) de las instituciones públicas mexicanas, se puede suponer que el problema subyacente nace en lo político. Dentro de esta “poco adaptable” dimensión (6), la innegable carga histórica sugiere preguntas tan simples como: ¿cuáles son las verdaderas relaciones de poder para que un país que es líder mundial en turismo de salud, “destruya” la reputación de sus principales centros de atención -IMSS, ISSSTE, Seguro Popular (3)-al mismo tiempo?, ¿cuáles son las implicaciones económicas para que un sistema con el más alto gasto farmacéutico dentro de la OCDE tenga una de las más bajas inversiones en cuanto a profesionales de la salud? (1) (7). Sorprevisamente, en estos y en otros casos la respuesta puede ser diferente a lo que esperamos.

La estructura descentralizada de organizaciones en México -que ha sido útil en otras ocasiones, e.g. economías de escala- no fracasa de manera deliberada en el sector salud; lo hace endógena y casi automáticamente. Aunque en principio, la constitución federativa de estados debería reducir riesgos de inversión y potencializar la aplicación de tecnología de manera regional, los pocos estándares de comunicación y la excesiva fuerza laboral del sector público reducen el grado de interoperabilidad agregada e impiden movimientos coordinados -el marco legal para el intercambio y confidencialidad de información apenas se instrumentó en las NOM 035 y NOM 024 durante el sexenio de Peña Nieto-. Se hace “mucho” pero no se construye, se invierte pero los traslapes opacan los resultados, Brutum Fulmen.

Como si fuera poco, la influencia multi-sectorial sobre México -e.g. flujos de comercio, tratados internacionales, industria de alimentos, sector farmacéutico (nuevos modelos comerciales en el horizonte), sector seguros, etc.- juega un rol crítico en la toma de decisiones (7) (8). Considerarla será esencial para recibir y legitimar apoyo político en futuras etapas. Finalmente, puede ser recomendable que la Secretaría de Salud y la “todo poderosa” Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se alejen de su función neta de reguladores y se conviertan en facilitadores de cambio. Criticada por algunos, la privatización incremental de funciones actualmente administradas por el gobierno parece ser una alternativa inevitable a largo plazo; sobre todo si un esquema de empoderamiento/control/contratación adecuado permite la co-creación de servicios entre gobierno, ONGs y sector privado (9).

Dimensión socio-económica: Coherencia con la realidad poblacional

Segundo, si bien es cierto que un porcentaje de las afecciones médicas que un ciudadano experimentará durante su vida serán genéticas/heredadas, la gran mayoría dependerá del ambiente y de las condiciones socio-económicas en las que viva (5) (10). Esto implica un reto en la clarificación de competencias institucionales -e.g. Secretaría de Salud sin jurisdicción en materia de seguridad civil, políticas medio-ambientales, etc.- y además refuerza otra preocupante hipótesis: El sistema nacional -que fue concebido fundamentalmente segregado: asalariados vs. no asalariados- ha fallado al verse incapaz de resolver detractores socio-económicos en el tiempo.

Ya sea por restricciones de acceso o diagnósticos tardíos, por ejemplo, condiciones como la desnutrición y, paradójicamente, la obesidad –una enfermedad de “primer mundo”-, se han concentrado en las clases sociales más pobres (5) (10). Claro está, existe una permanente discusión sobre la precisión y causalidad de estas métricas. Pero mientras la discusión continua, la desigualdad social y los costos médicos se incrementan rápidamente (8) (11).

Dimensión estratégica-tecnológica: I&D y datos abiertos

Por último, cualquier cambio sistemático en el sector salud deberá ser consecuente con la Estrategia Digital Nacional del gobierno peñista (12). Particularmente para el sector salud, el proyecto se posiciona como el pilar de una verdadera revolución digital, construida sobre resultados de alto impacto, incluso por encima de tecnologías de “segunda ola” (13).

No hay secretos, como catalizador de la estrategia y aunque es complicado aislar su efecto individual para calmar egos en la comunidad científica, México deberá recurrir nuevamente a su propia e “incansable” Triple Hélice -academia, sector privado y sector público-. Con los objetivos elementales de salvar vidas y reducir tiempos de espera, el trabajo no solamente requiere re-evaluar la asignación de recursos/incentivos, el uso adecuado de datos, o el balance entre I&D básica y aplicada (14) (15) (16), necesita definir flujos de colaboración (17).

En paralelo, y considerando que muchísimas tendencias globales -manipulación genética (18), telesalud (convergencia), telemedicina (portabilidad), wearables, etc.- encontrarán su espacio en territorio nacional (18) a pesar de esquemas de regulación o de propiedad intelectual obsoletos, Big/Open Data resalta por la evidencia granular que ofrece como valor estratégico (19).

El acceso “ parcialmente controlado” a la información, al puro estilo “creativo-destructivo”, parece posicionarse como el eje de nuevos modelos de negocio en salud y de una economía realmente centrada en el paciente (18) (20). Con estándares y mecanismos de privacidad adecuados, Big/Open Data no será solamente datos -e.g. padrón general o expediente clínico electrónico (18)-, sino la oportunidad de impulsar estructuras gubernamentales más esbeltas y horizontales –algo muy distinto al poco ambicioso enfoque actual donde simplemente se crean plataformas digitales “pintorescas” para uso del gobierno- (9) (21).

Por: Jorge Jaramillo

Referencias:

(1) https://data.oecd.org/mexico.htm#profile-health
(2) http://www.mckinsey.com/insights/health_systems_and_services/debunking_common_myths_about_healthcare_consumerism
(3) http://www.hsph.harvard.edu/news/features/mexico-universal-health/
(4) https://www.youtube.com/watch?v=1Oo8oMStm38
(5) http://www.who.int/countries/mex/en/
(6) http://www.computerweekly.com/news/2240235379/Labour-unveils-Digital-Government-Review-for-input-to-2015-election-policy
(7) http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/life-sciences-health-care/life-sciences-report-mexico-2015.pdf
(8) http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/life-sciences-health-care/Health-Care-Outlook2015.pdf
(9) http://www.computerweekly.com/opinion/Government-as-a-platform-or-a-platform-for-government-Which-are-we-getting
(10) https://jfmartin.webs.ull.es/SALUD.pdf
(11) http://www.who.int/social_determinants/resources/mekn_final_report_102007.pdf
(12) http://www.gob.mx/mexicodigital/
(13) http://opendatacon.org/open-data-and-the-government-of-mexico/
(14) http://www.nature.com/naturejobs/science/articles/10.1038/nj7584-117a
(15) http://blog.wellcome.ac.uk/2015/11/18/help-us-keep-vital-health-data-available-for-research/
(16) http://blogs.bmj.com/bmj/2015/09/08/trish-groves-how-research-data-sharing-can-save-lives/
(17) http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001935&utm_content=buffer3c85f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
(18) http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1512142#.VqpI_nDSRgU.linkedin
(19) http://datos.gob.mx/tema/salud/
(20) http://www.forbes.com/sites/reenitadas/2014/05/19/healthcare-beware-new-intruders-are-coming-introducing-the-new-gold-rush/#ccc84f12c154 
(21) http://www2.deloitte.com/cl/es/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/healthcare-and-life-sciences-predictions-2020.html

Despenalización del consumo de drogas: ¿Una estrategia de salud pública o de seguridad?

En un mundo ciertamente globalizado, nuestras acciones pueden traernos resultados inesperados. En este escenario, determinar si como país debemos o no despenalizar el consumo de drogas es un tema que debe ser analizado.

Lo interesante de este fenómeno es que se ha empezando a investigar y a debatir de manera racional (en este caso empezando por la marihuana). Gracias, quizás, al pequeño grupo de 4 personas que conforman el SMART Club, se ha invitado abiertamente a reflexionar sobre un posible cambio de nuestras políticas prohibicionistas.

El consumo de la marihuana, como cualquier otra sustancia considerada droga, sea ilícita o lícita, es perjudicial para la salud. Las consecuencias varían según la edad del consumidor, la dosis, la frecuencia, las condiciones de salud preexistentes, y la vía de administración. En el caso de adolescentes, mientras el sistema nervioso continúe en proceso de desarrollo, el consumo debería estar estrictamente prohibido. En el caso de adultos sanos, no se ha encontrado relación directa entre el consumo ocasional de marihuana y un daño permanente en su funcionamiento cerebral. Tampoco hay registros de muertes como consecuencia directa (1).

Además, es importante considerar que el uso/abuso de drogas engloba un espectro bastante amplio de conductas que van desde las que no son problemáticas hasta aquellas que son compulsivas. La oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (UNODC) indica, por ejemplo, que solo una minoría de quienes consumen drogas (10%-15%) pueden considerarse como “usuarios problemáticos”. En el caso de la marihuana, ha quedado inclusive documentado que solo 9% de usuarios desarrolla dependencia (2).

Por otro lado, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) muestra que de todos los presos federales que hay en el país, el 60% está encarcelado por delitos contra la salud. De este universo, el 38.5% de casos se trata de posesión simple de drogas, siendo la marihuana la más prevalente en un 58.7% (3).

Como podemos ver, la cantidad de personas sancionadas por esta modalidad delictiva es alta, generando una gran carga económica que no está siendo utilizada para perseguir y sancionar conductas de mayor gravedad social. Al mismo tiempo, las consecuencias para la familia y la persona que es encarcelada resultan ser muy graves. En muchos casos, estas consecuencias pueden ser persistentes, pues se crean barreras en los servicios de empleabilidad debido a los antecedentes penales.

Las leyes penales relacionadas al consumo de drogas tienen además un efecto perjudicial en cuestión de disuadir la dependencia a estas sustancias dañinas y en la salud en general de los adictos, alejándolos de los servicios que necesitan y convirtiéndolos en presas vulnerables de enfermedades y peligros como el VIH, la hepatitis C, o una sobredosis. La penalización afecta negativamente a la salud pública (4).

Por lo que al tema de seguridad pública se refiere, algunas personas mencionan que más allá de la despenalización por tenencia de drogas, el legalizar su distribución, posesión, y consumo libre ayudaría a combatir la inseguridad. Estas opiniones resultan muy controversiales en países productores de droga como México y Colombia. En países consumidores, como Portugal o República Checa, las diferencias contextuales llaman a otro tipo de reflexión. En México, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 sobre drogas ilícitas, la marihuana representa el 80% del consumo total de drogas. Tomando en cuenta este dato no resulta tan descabellado pensar que la legalización de la marihuana pudiera ser una estrategia para descapitalizar al narcotráfico (5). Sin embargo, seguiría siendo insuficiente para asegurar que la violencia realmente se detenga.

En general, la aceptación/eficacia de posibles políticas “liberales” en el país permanece incierta, sobretodo mientras Estados Unidos siga teniendo políticas prohibicionistas. ¿Acaso no seguirían los estados fronterizos sometidos a la violencia del narcotráfico por ser “el” lugar de paso? En efecto, el panorama es mucho más complejo de lo que pensamos y estas decisiones tan importantes deberían debatirse sistemática, internacional, pero sobretodo, continuamente, si queremos abordar los problemas de raíz.

Regresando a la pregunta inicial del debate: ¿deberíamos abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública o de seguridad pública? Hasta el momento tenemos registradas más muerte en la guerra contra el narcotráfico que por el consumo de drogas en sí. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) estima que tan solo en los últimos cuatro años se han registrado más de 28 mil asesinatos producto de la lucha directa contra el crimen organizado y la situación sigue lejos de estar controlada (6).

El derecho a la salud debe ser planteado como una obligación legal sobre la base de la no discriminación, puntualmente mediante programas de prevención en contra de virus transmitidos por la sangre, sin contravenir la dignidad de personas que usen drogas, y reduciendo así las muertes por sobredosis de opiáceos. Tratar a los drogadictos como enfermos más que como delicuentes puede ser la opción que nos permita controlar el consumo sin violencia.

Si queremos ver resultados diferentes, necesitamos una nueva estrategia, bien pensada, analizada y consensuada.

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:

(1) De la Fuente. J. R. (2015) Marihuana y Salud
(2) http://www.latinoamericareforma.cl/doc/Conferencia_internacional.pdf
(3) http://ppd.cide.edu/la-politica-de-drogas-en-mexico
(4) http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Health/SRLetterUNGASS7Dec2015.pdf
(5) http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf
(6) http://digital.inacipe.gob.mx/post/17487004336/ventajas-y-desventajas-de-la-legalizaci%C3%B3n-de-las

Las 3 cosas que debes saber sobre el impuesto a la comida chatarra y bebidas azucaradas

De acuerdo a reiterativos informes de la ONU, y hasta cierto grado perceptible, la desnutrición ya no es el único problema global relacionado a la alimentación. Ahora nos enfrentamos a otros retos que amenazan el desarrollo económico y social de la humanidad: el sobrepeso y la obesidad.

Específicamente en relación a México, nuestro país ocupa el primer lugar en consumo de comida preparada en América Latina y es la segunda nación con más obesidad en el mundo (1).

En este contexto, la propuesta de introducir un impuesto a la comida obesogénica con el fin de reducir su ingesta -interferencia directa en el precio y en un nuevo punto de equilibrio- parece tener mucho sentido. Recientemente, the National Bureau of Economic Research (2) publicó un artículo experimental donde a través de diferentes pruebas que relacionan el precio de los alimentos que se ingieren en la casa y en los restaurantes de comida rápida y el Índice de Masa Corporal (IMC), se encontró que elevar el precio de una caloría en los alimentos en un 10 % podría disminuir el IMC en jóvenes desde un 8 a un 9 %. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de estudios sociales, existen diversos contextos, limitantes y condiciones específicas que varían. En la realidad mexicana, por ejemplo, los resultados parecen no ser tan evidentes e incluso ya han empezado a crear distorsiones o mercados paralelos (3).

Después de poco más de un año y medio en la implementación de un Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) no petroleros del 8% para los alimentos con alto contenido calórico -entendidos como aquellos con 275 kilocalorías por cada 100 gramos- y de otro impuesto a las bebidas azucaradas de un peso por litro, se sigue debatiendo sobre la eficacia de este gravamen (en su propósito de combatir el sobrepeso y la obesidad poblacional).  En este artículo mencionaremos los 3 principales temas que se están discutiendo y que vale la pena retomar:

1. Los productos agravados por el IEPS y su recaudación durante el 1er año.

Alguno de los productos gravados con un IEPS del 8% son: las botanas, productos de confitería, flanes, dulces de frutas, cremas de cacahuate, paletas de hielo, productos derivados del cacao, etc. (4). Durante el primer año de implementación del impuesto, el gobierno mexicano recaudó 13,284.5 millones de pesos. Esta cifra representa un 137% más de lo programado en la Ley de Ingresos con la que inicialmente se había estimado percibir alrededor de 5,600 millones de pesos.

Con respecto al impuesto recaudado por el consumo de bebidas azucaradas se alcanzaron ingresos de 18,254.9 millones de pesos. Este gravamen se suma a los impuestos que más aportaron al erario público durante el 2014. Pero, ¿esto qué significa? En términos simples y sin necesidad de ejercer mayor análisis, puede deducirse que la población sigue adquiriendo este tipo de productos incluso a pesar de un impuesto que se esperaba sea “restrictivo”. Peor aún, la importante recaudación que el gobierno ha obtenido, hasta cierto grado sugiere que el consumo puede haberse incrementado.

Un punto central a discutir entorno a este tema son las promesas iniciales con las que se impulsó la iniciativa: invertir el dinero recaudado directamente en programas anti-obesidad que ayudarían a concientizar a la población y así gradualmente disminuir el consumo de este tipo de alimentos. Lamentablemente, debido quizás a fenómenos macroeconómicos como la caída del precio del barril de petróleo, México se encuentra en un estado delicado en sus finanzas públicas. Esto lo ha llevado a invertir de manera más “estratégica” y dejar en segundo lugar el alcance de la inversión prometida. Situaciones como esta, plantean la importancia de construir tácticas adaptables a las diferentes realidades de países en desarrollo y configurables ante eventos exógenos para asegurar inversiones continuas.

2. Comportamiento del mercado de alimentos chatarra y bebidas azucaradas.

El debate sobre si realmente se está contribuyendo con este impuesto a disminuir la obesidad es otro de  los principales centros de interés. En primera instancia, es lógico pensar que con el gran número de industrias afectadas con este impuesto se esté poniendo mucha atención en el impacto esperado.

En este sentido, Shu Weng Ng, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, midió el impacto del gravamen y al término del primer año de su implementación, estimó que las ventas de bebidas gaseosas  podrían caer en un 6%. Una reducción importante, si además se considera que la velocidad de caída podría tener aceleración positiva (5). No obstante, lo que se ha podido observar en la industria de bebidas azucaradas es en síntesis resiliencia. El sector es capaz de impulsar proactivamente estrategias que lo beneficien gracias a la reducción de costos en su cadena de suministro y en algunos de sus principales insumos: azúcar, aluminio o PET (6).

También, como se mencionó en un inicio, esto representa el surgimiento de mercados paralelos no esperados que siempre deben tenerse presente. Un ejemplo de esto es lo mencionado por el dirigente de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM) acerca del efecto generado en ese sector económico. Aquí, los impuestos han ayudado a incrementar la venta de productos a granel -sobre todo en el caso de botanas, alimento para mascotas y galletas- y esto ha favorecido el aumento de un 9.8% en las ventas de los abarroteros. Dicho de otro modo, resulta sumamente importante educar a la población a fin de evitar acciones compensatorias que busquen satisfacer por otros medios el habitual consumo de comida chatarra (7).

3. Panorama internacional de políticas similares

La implementación de políticas públicas que regulan el consumo de alimentos chatarra, se inició desde el 2011 en países europeos como Dinamarca, Hungría y Finlandia. En los últimos años, los países latinoamericanos que se han sumado a la institucionalización de estas políticas han sido México, Chile, Ecuador, Brasil, Uruguay, Bolivia y Perú. Sobre todo procurando luchar por mejorar la salud de su población. Un dato curioso es que solamente en Latinoamérica se generan más del 12% de las ventas globales de $55.500 millones de dólares de la compañía PepsiCo Inc. (7). Desde el 2012, en Chile y en Perú se aprobó una legislación que prohibe los juguetes en las “Cajitas Felices” de McDonald’s. En el caso de Ecuador, se inició en agosto del 2014 la instauración del impuesto sobre la comida chatarra. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que el impuesto se utilizaría como medio de financiamiento del sistema de salud pública, tomando el ejemplo de Hungría que gravó $0,05 dólares a alimentos con alto contenido de azúcar, sal, carbohidratos y grasas. Gracias a esto, Hungría consiguió financiar cerca del 30% del déficit presupuestario para el sistema nacional de salud (8).

Los países empiezan a ser conscientes de la influencia que tiene la obesidad en el desarrollo económico global, razón por la cual han empezado a actuar mediante políticas de interferencia comercial. Aunque éstas pueden considerarse un buen comienzo, requieren de más actividades entorno a publicidad de alimentos saludables para niños y adolescentes, adopción de normas que hagan obligatorio el uso de etiquetas fáciles de leer, etc (9).

Como conclusión, podemos ver que existe voluntad política para contribuir a mejorar el problema de la obesidad, sin embargo, tendrán que pasar algunos años para que los resultados de estos experimentos sean visibles para la agenda pública. A su vez es necesario revisar/criticar/reforzar los estatutos de prohibición de la publicidad de comida chatarra, invertir más en la reconstrucción de espacios públicos que fomenten la actividad física, y como factor determinante: la educación de la población.

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:  

(1) http://www.consultoresinternacionales.com/publicaciones/ciscomentario/630/CISComentarioNo630.html
(2) Grossman, M., et.al. (2013). Food Prices and Body Fatness Among Youths. NBER Working Paper 19143
(3) http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/02/06/comida-chatarra-engorda-ieps
(4) http://proexpansion.com/en/articulos_oe/342-los-impuestos-que-mas-funcionan-gravan-lo-que-mas-te-gusta
(5) http://www.signumresearch.com/Documents/ES/publications/Signum_research_reporte_refrescos_22042014.pdf
(6) http://www.jornada.unam.mx/2015/05/10/economia/023n1eco
(7) http://lat.wsj.com/articles/SB10001424052702304137304579289102152975922
(8) http://www.elcomercio.com/actualidad/impuesto-comida-chatarra-aplica-europa.html
(9) http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10057%3A2014-countries-pledge-action-to-reduce-child-obesity-in-the-americas&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es

Las desigualdades invisibles en la cobertura de salud de la mujer

Los estudios sociomédicos han fijado recientemente la mirada hacia la dinámica familiar y sobretodo al análisis de género. Entre una de estas actividades dentro del hogar, se observa que histórica y antropológicamente la alimentación ha tenido una “connotación femenina” y, como consecuencia, se ha puesto en manifiesto el importante papel de las mujeres en el funcionamiento del núcleo social (1).

Tradicionalmente, los estudios poblacionales-nutricionales se hacían de manera general, sin embargo, debido a temáticas como la lactancia, la ablactación, el destete y la alimentación infantil, se ha iniciado con la diferenciación de las mujeres. Esta diferenciación las ha relacionado particularmente con su rol reproductor. De madres, más que de mujeres como tal. Franco Basaglia concuerda con esta percepción en su frase: “seres para otros y sustento para otros”,  ya que la mujer se asume es quien nutre y/o alimenta a los demás miembros dentro de su esfera doméstica (2).

Investigaciones realizadas en 1988 encontraron que el 14% de las mujeres en edades reproductivas tenían un grado de anemia y esto se relacionaba directamente con los principales problemas perinatales y con la salud de los neonatos. Con este tipo de datos estadísticos, es que los programas de salud han justificado su visión de la mujer como intermediaria entre los servicios de salud y el hogar, o bien como promotora responsable de la educación nutricional familiar. En pocas palabras, la mujer ha sido considerada como un medio mas que como una destinataria final. De lo anterior se desprende la necesidad de complementar el enfoque actual reproductivo-materno de los programas de salud y concientizar sobre su intervención, cada vez más frecuente y económicamente activa, en la sociedad moderna (3).

Entonces, ¿qué pasa con la cobertura de salud de las mujeres cuando sus requerimientos no se relacionan estrictamente con la maternidad? ¿Tienen éstas la misma prioridad en la atención?

Desde una perspectiva económica, si bien las mujeres participan cada vez más en el sector remunerado, aún existe segregación basada en el sexo en todas las áreas geográficas. Las mujeres son quienes más concentran empleos informales, irregulares y de baja calidad. Las mujeres en la economía informal también son más susceptibles a riesgos de salud por falta de seguridad social (por ejemplo, solamente el 23% del personal doméstico tiene acceso) e incluso son estadísticamente cada vez más propensas a contraer VIH/SIDA. Por si fuera poco, las mujeres se encuentran generalmente menos protegidas por las pensiones de vejez debido a sus cortas trayectorias laborales, salarios más bajos y, como ya se mencionó, por su presencia constante en la informalidad (4).

Si bien las condiciones biológicas son inherentes a la anatomía de la mujer, las condiciones sociales y culturales se relacionan con sus oportunidades de acceder a una vida mejor; pudiendo ser el fenómeno alimentario y de salud un apoyo en el cambio de la imagen ancestral de la figura femenina para impulsarla en su desarrollo económico y profesional.

Es un hecho que las mujeres han luchado durante décadas por ganarse un lugar más influyente en la estructura social. Ya no quieren ser sólo amas de casa, están ansiosas por salir al mundo y por convertirse en tomadoras de decisiones bajo condiciones equitativas. Sin embargo, termina siendo crítico romper con algunos estigmas y estereotipos sociales como el de la “super mujer” y construir un balance entre las responsabilidades del hogar y aquellos nuevos retos que se desean afrontar. Esto sugiere un cambio en la dinámica familiar: hombres y mujeres tendrán que empezar a colaborar juntos en las tareas del hogar para lograr una armonía familiar que les ayude a integrarse en la economía formal.

En síntesis, todas las políticas de salud generadas deben considerar el alto grado de vulnerabilidad de la mujer y contemplar su atención/acceso en toda su expresión. Además, desde el punto de vista sociológico, se debe sistemáticamente continuar con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres para una constitución familiar realmente moderna.

¿De qué manera creen ustedes que podemos empezar a permear una cultura de equidad de género en el ámbito familiar, laboral, político?

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:

(1) http://www.ufrgs.br/weaa/files/2013/09/2005-M%C3%A9ndez-y-Benito-Sociologia-y-Alimentaci%C3%B3n1.pdf
(2) http://www.uam.mx/difusion/revista/dic2000/perez.html
(3) http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002095
(4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_097015.pdf

Medicamentos: ¿Para las personas o para hacer dinero?

Considerando el principal objetivo de la medicina -curar, aliviar el dolor, y procurar la salud del paciente (1)- en este artículo pretendo evaluar los principales conflictos de interés que se presentan en el sector farmacéutico cuando se manipula o se aleja de aquel fin primario.

La investigación farmacéutica tiene como propósito el descubrir y producir medicamentos e insumos esenciales para preservar la salud, además de resultar estratégica en la generación de conocimiento. No es raro escuchar que el farmacéutico es uno de lo sectores económicamente más importantes a nivel global y el segundo en México, después del automotriz (2). Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha criticado fuertemente la canalización de recursos para i+D+i en medicamentos e instrumentos biomédicos que han sido usualmente focalizados en enfermedades crónico-degenerativas y recientemente en la introducción de fármacos “huérfanos” a través de la vía legal.

A nivel mundial, tan solo el 10% de los fondos de investigación son dirigidos a las enfermedades que abarcan el 90% de la carga mundial de morbilidad (SIDA, malaria, tuberculosis, enfermedades tropicales, entre otras) (3). A esto se le conoce como la brecha 10/90 y resulta muy preocupante ya que el 90% de los fondos restantes se asignan a necesidades de salud de los países industrializados (lo que representa solamente un 10% de la carga global de mortalidad prematura) (4).

Ahora bien, sobre la mesa los 3 principales conflictos de interés que también pueden ser considerados como dilemas éticos por aquellas acciones que afectan a la dignidad humana:

1. Medicamentos: redituables vs. no redituables

Los medicamentos esenciales son aquellos que cubren las necesidades prioritarias de atención en salud de una población y generalmente se pueden consumir a precios asequibles. Pero, ¿sabías que 10 millones de personas mueren cada año simplemente por falta de acceso a medicamentos esenciales y que el 93% de la carga mundial de mortalidad que puede ser prevenible se encuentra en los países en vías de desarrollo (PMDs)? (3) Anualmente, se gasta 200 veces más en investigación para atender a los países de “primer mundo” -con mayor consumo promedio por persona- que en herramientas para garantizar disposición de fármacos en el resto de naciones. Como dato, el consumo anual per cápita de países desarrollados se estima en más de 50 dólares, mientras que el de los PMDs llega solamente a 6 dólares al año (5).

Debido a que las investigaciones se financian en su mayoría por utilidades del mundo desarrollado, no es raro que éstas se centren en sus principales problemas sanitarios. Esto sin duda trae para los PMDs una desventaja competitiva en términos de redituabilidad en la industria, siendo necesario establecer políticas nacionales que reduzcan los gastos de medicamentos basados en la selección racional, uso de genéricos y producción interna. Además, es urgente crear regulaciones eficientes para la actividad farmacéutica que favorezca los intereses de los PMDs y no que busquen pelear “batallas imposibles de ganar”.

2. Fármacos: huérfanos vs. masivos

En épocas pasadas, el mercado de fármacos “huérfanos” para atender enfermedades raras no resultaba tan atractivo económicamente, al suponer consumos bajos. Pero, por medio de caminos judiciales y amparos ante los gobiernos, estos pacientes han logrado subsidiar los elevados precios de los medicamentos (desde $250,000 hasta $500,000 pesos mensuales) y han “mantenido” el mercado (6).

En México, el gasto público anual destinado a este tipo de medicamentos ronda los $1,200 millones de pesos mexicanos, esto cubre el tratamiento de aproximadamente 400 personas y equivale al costo del tratamiento de insulina de todas las personas que viven con Diabetes en el país (6).

Lo que resulta tan controversial entorno al tema, es que ya empiezan a hacerse presentes distintos grupos minoritarios como los que padecen Diabetes tipo I, exigiendo que el gobierno también cubra los costos de su tratamiento. Esto resulta ser un gran inconveniente en materia de salud pública, ya que el gobierno tendrá que definir de manera estratégica sus prioridades de gasto en salud y al mismo tiempo garantizar un marco judicial que sea verdaderamente justo para todos.

3. Patentes: negocio vs. salud

El análisis sobre la creación de patentes por el descubrimiento de nuevos medicamentos es un arma de doble filo para el sector salud. Por un lado se intenta reforzar la propiedad intelectual y la competencia justa, pero por el otro se induce a la monopolización y capitalización de las grandes transnacionales y su reflejo en los altos precios para los consumidores. Esto se debe, en gran medida, a que la duración de una patente de este tipo en la mayoría de países es en promedio de 20 años, y el tiempo que transcurre entre la presentación de una solicitud de patente y la aprobación para la venta de un nuevo medicamento, puede ser de hasta 12 años. Como en teoría, el tiempo para recuperar la inversión quedaría reducido a 8 años, la industria farmacéutica “asume” costos iniciales de 500 o a 1,000 millones de dólares, y por “consecuencia lógica”, incrementa los precios de salida al mercado para recuperar al máximo su inversión (7).

En resumen, los conflictos de interés que se presentan en la industria representan todavía grandes retos para el sector salud en su lucha por la equidad. Por lo tanto, la regla es seguir trabajando en la generación de conciencia y la promoción de consensos a través de mecanismos que fomenten: la priorización de necesidades en salud, el acceso universal a medicamentos esenciales, y su correlación ajustada con la inversión en i+D+i.  Al mismo tiempo, tenemos que desarrollar políticas nacionales que induzcan a financiamientos sostenibles (e.g. la creación de un fondo de inversión público-privada que mejore la capacidad, liquidez y riqueza en portafolios para las instituciones dedicadas a investigación).

¿Y tú qué propones para mediar los conflictos de interés y lograr así la equidad en salud?

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:

(1) http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/5443
(2) http://www.amiif.org/nosotros.html
(3) http://www.who.int/macrohealth/newsletter/11/es/
(4) http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_10/Art8-Pinto-R10.pdf
(5) http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/223/7/RCE7.pdf
(6) http://eleconomista.com.mx/columnas/salud-negocios/2015/09/27/farmacos-mas-caros-mundo-generan-dilemas-eticos#comment-561407
(7) http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no52-6/RFM052000605.pdf

Es posible blindar al mundo de la Diabetes

El 16 de noviembre se conmemora el día mundial de la Diabetes (1), instaurado en 1991 con el fin de concientizar de manera global sobre la enfermedad. Y conviviendo día a día con ella, no quería dejar pasar la oportunidad de ser una promotora más de la causa -y es que la incidencia de la Diabetes no solamente ha aumentado a nivel mundial sino que ya está presente aquí mismo, en nuestra comunidad-.

Se estima que tan sólo en el Estado de Nuevo León, hay poco más de 600,000 personas con Diabetes, de las cuales un 70% no recibe el tratamiento adecuado, según mencionó el Dr. Jesús Zacarías Villarreal -ex titular de la Secretaría de Salud del Estado- (2). Esto deriva en un aumento significativo de complicaciones de salud como nefropatías, neuropatías, retinopatías, y cardiopatías. Además, de acuerdo a un estudio sobre los costos de la Diabetes elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (3), en México el 51% de los costos totales de estas complicaciones se ve reflejado directamente en el bolsillo del paciente y el 49% restante se distribuye entre las instituciones de seguridad social y organizaciones para no asegurados.

En este marco, existen diferentes organizaciones como la Federación Internacional de Diabetes y Clínicas del Azúcar, por mencionar a algunas, que desempeñan un papel fundamental, aunque únicamente complementario, en disminuir el impacto de la Diabetes en México y en el mundo. Todos estos agentes, realizan y promueven distintos cuestionamientos entorno a las políticas adoptadas para regular el mercado de azúcares simples vs. la concientización de las personas en su consumo diario. Pero, ¿son los pacientes realmente conscientes de lo que implica haber sido diagnosticado con Diabetes? ¿Qué tan fácil resulta una modificación conductual?

Al parecer, el sistema de salud está realmente preocupado por abordar el tema, sin embargo, esa preocupación no se ha logrado transmitir de manera correcta al paciente, ya que las acciones de promoción realizadas se quedan en un nivel básico y alarman pero no empoderan. Hay un déficit en las herramientas proporcionadas para que el paciente pueda llegar a sus metas de control, y se incide contra-intuitivamente a que éste entre en un estado de negación al no sentirse capaz de hacerse cargo de la enfermedad.

Entorno a estas reflexiones fue que en conjunto con la organización Cáritas de Monterrey, decidimos desarrollar el programa llamado “Promotoras de Salud en Diabetes”. Con la premisa de que los cambios en el estilo de vida, durante etapas tempranas de una enfermedad, son la mejor manera de prevenir complicaciones, agregamos otro factor social que consideramos fundamental: el rol histórico de la mujer como “enfermera de la sociedad”, como líder transformador de las comunidades, y como catalizador para innovar nuestras intervenciones. A continuación les mencionaré algunos puntos clave:

  • Capacitamos a más de 50 mujeres de comunidades con necesidades muy específicas de acceso a la salud, a fin de que ellas realizaran detecciones oportunas de la enfermedad, seguimiento a pacientes, detección de complicaciones, y educación en Diabetes y nutrición.
  • Se creó un modelo de sostenibilidad para asegurar la continuidad del programa. Éste fue orientado a ofrecerles un trabajo remunerado que al mismo tiempo las mantuviera motivadas a seguir ofreciendo sus servicios a la comunidad.
  • Se visualizó una intervención holística que incluyera un análisis de las diferentes variables de desarrollo como educación, infraestructura, economía y medio ambiente. En este programa fue para nosotros un reto la evaluación del 20% de nuestras promotoras al tener distintos rezagos educativos. Además, tuvimos que capacitar al 100% de nuestras promotoras en habilidades para el trabajo y finanzas personales por ser mujeres que nunca antes habían trabajado fuera de las actividades domésticas.

¿Y cuál es el impacto esperado de este proyecto?

Hagamos cuentas, si cada año capacitamos a 500 promotoras en distintas comunidades y cada promotora atiende alrededor de 100 personas diferentes al año, estamos hablando de un impacto a dos años de 100,000 personas con Diabetes, así que en poco más de 10 años tendríamos virtualmente blindado a Nuevo León. Ahora bien, ¿se imaginan replicar este modelo en todo México?

Necesitamos definitivamente empezar a desarrollar proyectos con visión a largo plazo debido a que los cambios, para que sean significativos y duraderos, tienen que tener como común denominador acciones estratégicas, consistentes y, sobretodo, perdurables. Para ello necesitamos despolitizar la salud. ¿Seremos capaces algún día de reconocer que necesitamos de los demás para lograr grandes cambios? ¿Entenderemos que no se trata de quién tuvo la idea inicial sino de cuántos contribuimos para llegar a la solución? Una frase de Muhammad Yunus dice:

“La pobreza no la crea la gente pobre. Ésta es producto del sistema que hemos creado, por ende hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad.”

Si realmente queremos perpetuar la vida humana necesitamos trabajar en mejorar la salud de las personas y buscar soluciones integrales. Para el caso específico de la Diabetes, necesitamos atender este problema comprendiendo sus variables económicas, educativas, culturales y medioambientales.

Como ya les había comentado antes, la esencia de #ConstruyeSalud es esto, compartir nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes y nuestras ideas. Si alguien tiene una manera distinta de decirnos cómo es que está mejorando la vida de personas, siéntanse con la confianza de aprovechar este foro para compartir, los buenos mensajes deberían de estarse replicando en todas partes.

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:

(1) http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/328/que-es-el-dia-mundial-de-la-diabetes
(2) http://www.sdpnoticias.com/local/nuevo-leon/2013/11/14/padece-diabetes-15-de-la-poblacion-en-nuevo-leon
(3) http://www.ispor.org/consortiums/latinamerica/documents/ViH/Costos-de-la-Diabetes-en-America-Latina.pdf

La salud como indicador clave de movilidad social

El concepto de movilidad social está relacionado a la teoría de las clases sociales y a la meritocracia. Analiza los desplazamientos que realizan los seres humanos en una sociedad. Estos pueden ser desplazamientos tanto horizontales como verticales. En este artículo nos enfocaremos en el desplazamiento vertical que tiene que ver con el nivel socioeconómico de los seres humanos y el cómo la salud influye de manera muy importante en estos cambios de posición social.

El discutir y analizar estos temas se vuelve relevante cuando buscamos igualdad de oportunidades y condiciones de competencia suficientes, para causar movilidad en término de realizaciones socio-económicas pero, sobretodo, evitar que dichas condiciones se hereden a futuras generaciones.

Dicho de otro modo, se busca que el éxito personal no sea resultado de características físicas como la raza, el color, la posición social, etc., y que todas las personas cuenten con las herramientas suficientes -educación, salud, acceso créditos, vivienda digna, entre otras- para competir en igualdad de condiciones.

¿Por qué es importante considerar la salud para lograr una movilidad social ascendente?

En el contexto antes descrito, es particularmente importante analizar el indicador de gasto en salud efectuado por nuestros gobiernos. El escaso gasto por enfermedad puede ser una de las principales causas de pobreza en los adultos mayores, que al no tener un seguro social que pueda garantizarles una atención de calidad y medicamentos disponibles acorde a sus necesidades, son más propensos a movimientos descendentes.

Por otro lado, algunos estudios realizados por la OCDE sugieren, por ejemplo, que el aumento del gasto en atención a la Salud ha contribuido a mejorar la esperanza de vida de las poblaciones y que es posible lograr avances importantes si además se hace énfasis en estrategias de salud pública y en la prevención de enfermedades para grupos desfavorecidos.

Al día de hoy, se conoce en general que las enfermedades no atendidas pueden contribuir al empobrecimiento y al estancamiento social de las clases más vulnerables, sencillamente porque la intersección de condiciones y afecciones les impide ser productivos. En el caso de los niños, la poca inversión puede disminuir la eficacia del proceso educativo y reducir sus oportunidades de tener una vida adulta provechosa (la desnutrición infantil, por ejemplo, ocasiona una merma muy importante en el desarrollo del niño que puede incidir en la reducción de casi la mitad de su potencial).

Como evidencia complementaria, en el año 2000, la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud demostró que las inversiones en salud podían acelerar el desarrollo económico neto y, en consecuencia, la movilidad social ascendente. Las enfermedades graves se observaron como causantes directas del empobrecimiento de las familias; que al dejar de recibir ingresos, en muchos casos vendían sus bienes para cubrir los costos del tratamiento. Se confirmó además, que en los países en los que la población tenía mala salud y bajo nivel educativo, era más difícil lograr un crecimiento económico sostenible.

En síntesis, debe procurarse que los países se esfuercen por incrementar su inversión en salud en al menos 2% del PIB y en utilizar los recursos de manera más eficiente. También, se sugiere/espera la creación de un órgano regulador de macroeconomía y salud que sea voz en la priorización de intervenciones eficaces y de bajo costo para llegar a la población más pobre.

Ustedes como activistas de la salud, ¿qué soluciones le propondrían a sus gobiernos para garantizar la universalidad de los servicios de salud?

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:

(1) http://www.inegi.org.mx/eventos/2013/Desigualdades/doc/P-Robertovelez.pdf
(2) http://www.ceey.org.mx/site/movilidad-social/que-es-movilidad-social
(3) http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=388
(4) https://www.apha.org/topics-and-issues/generation-public-health/what-impacts-our-health

Salud Pública: De la salud a la equidad sanitaria

La salud pública es aquella responsable de cuidar el bienestar de los seres humanos. Conviene subrayar que la responsabilidad es muy grande si consideramos los millones de personas que son parte de iniciativas como campañas de vacunación, restricción del consumo del tabaco, planificación familiar, estándares de agua, entre muchas otras de las necesidades del mundo. La misión de este sector más allá de hacer políticas y ofrecer servicios sanitarios, incluye además investigar los problemas actuales, e incentivar y educar constantemente a la población para mantenerla sana.

Por otro lado, lo que diferencia a la salud pública de áreas como la medicina, la odontología, la nutrición, el trabajo social, las ciencias del medio ambiente, la administración de servicios de salud, o los comportamientos sociales, es que se enfoca en la población entera más que en el individuo. Entre algunas de las acciones más destacadas tenemos la seguridad sanitaria en el agua que consumimos, prevenir la contaminación del aire y el suelo a través de controles regulatorios, la gestión de los residuos peligrosos, erradicar enfermedades que amenazan la vida como la viruela y la poliomelitis, el control y prevención de enfermedades infecciosas como sarampión, VIH, tuberculosis y hepatitis, etc.

El objetivo es brindarles una perspectiva general del tipo de habilidades, conocimientos y recursos que son necesarios para lograr el bienestar poblacional ¡y no está nada fácil! Peor aún si consideramos que el gasto total per cápita destinado a la salud en México, según el Banco Mundial, fue de apenas 6.2% en el 2013 con una ligera tendencia a la alta. Esto nos deja un reto muy claro: hacer más con menos. Correspondientemente, varias organizaciones sensibles y visionarias del sector privado han iniciado y orientando sus modelos de negocio a disminuir los costos en la atención sin sacrificar la calidad del servicio. Algunas otras, además de ofrecer un negocio que sea rentable, competitivo, y atractivo para inversionistas, son una opción viable en costo-beneficio para obtener licitaciones y asociaciones en un sector público que acumula varios problemas de gestión.

Personalmente, creo que el gran problema de la cobertura “universal” del Sistema de Salud, por ejemplo, tiene que ver con la gestión administrativa. Necesitamos como sociedad empezar a innovar con tecnologías que faciliten los procesos y los hagan más eficientes, además de crear nuevos enfoques de desarrollo para asegurar el bienestar: la inclusión de las tan sonadas  “determinantes sociales de la salud”. Para no perder la costumbre de “monopolizar”, la Organización Mundial de la Salud ha definido estas determinantes como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen -incluido el sistema de salud, resultado de la distribución financiera, de poder y de recursos a nivel mundial/nacional/local-. Es decir, se consideran determinantes sociales de la salud a los ingresos, bienes, servicios e injusticias que afectan las condiciones de vida de una población (acceso a atención sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo libre, vivienda, comunidades, pueblos o ciudades) y a la opción de tener una vida digna.

No es de extrañarse, además, que posterior a la creación de este concepto se fundó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a la manera de mitigarlas. Sinceramente, la estrategia aún me sigue pareciendo muy ambigua pero creo que será interesante analizar más adelante los progresos, porque si en algo estoy de acuerdo es que debemos empezar a abordar la salud desde una perspectiva integral. El enfoque parece bueno, las intenciones y resultados están por verse.

En consonancia con esto, lo que quiero subrayar es: ¡no todo está perdido! Si bien no somos responsables de las voluntades políticas y de los presupuestos nacionales asignados, esperemos que la reflexión y el cambio de prioridades inicie como se ha hecho en el caso de Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza o Canadá (por mencionar algunos). Está en nuestras manos compartir nuestra visión, actuar rápido y fundamentalmente con ética para que los recursos que seamos responsables de administrar, lleguen a quienes tienen que llegar, ¡la responsabilidad de fiscalizar es de todos!

Para concluir, les comparto una frase que aprendí de mi maestra de filosofía y que siempre intento tenerla presente:

“Si cada uno de nosotros hiciera los mínimo que nos corresponde hacer como individuos (el estudiante ser buen estudiante, el político ser buen político, el médico ser buen médico, etc.), tendríamos el mundo que queremos, pero si cada uno de nosotros hiciera tan sólo un poquito más de lo que nos corresponde hacer, tendríamos el mundo que soñamos”.

Con esta reflexión termino esperando que puedan compartir las suyas entorno a la equidad sanitaria en este espacio. Recuerden que todos tenemos algo que contar.

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:

(1) http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/fundamentos/navarro.pdf
(2) http://www.who.int/social_determinants/es/
(3) http://www.who.int/social_determinants/final_report/media/csdh_report_wrs_es.pdf
(4) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69405/1/GPW_ES_2006-2015_spa.pdf
(5) https://www.apha.org/what-is-public-health