Despenalización del consumo de drogas: ¿Una estrategia de salud pública o de seguridad?

En un mundo ciertamente globalizado, nuestras acciones pueden traernos resultados inesperados. En este escenario, determinar si como país debemos o no despenalizar el consumo de drogas es un tema que debe ser analizado.

Lo interesante de este fenómeno es que se ha empezando a investigar y a debatir de manera racional (en este caso empezando por la marihuana). Gracias, quizás, al pequeño grupo de 4 personas que conforman el SMART Club, se ha invitado abiertamente a reflexionar sobre un posible cambio de nuestras políticas prohibicionistas.

El consumo de la marihuana, como cualquier otra sustancia considerada droga, sea ilícita o lícita, es perjudicial para la salud. Las consecuencias varían según la edad del consumidor, la dosis, la frecuencia, las condiciones de salud preexistentes, y la vía de administración. En el caso de adolescentes, mientras el sistema nervioso continúe en proceso de desarrollo, el consumo debería estar estrictamente prohibido. En el caso de adultos sanos, no se ha encontrado relación directa entre el consumo ocasional de marihuana y un daño permanente en su funcionamiento cerebral. Tampoco hay registros de muertes como consecuencia directa (1).

Además, es importante considerar que el uso/abuso de drogas engloba un espectro bastante amplio de conductas que van desde las que no son problemáticas hasta aquellas que son compulsivas. La oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (UNODC) indica, por ejemplo, que solo una minoría de quienes consumen drogas (10%-15%) pueden considerarse como “usuarios problemáticos”. En el caso de la marihuana, ha quedado inclusive documentado que solo 9% de usuarios desarrolla dependencia (2).

Por otro lado, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) muestra que de todos los presos federales que hay en el país, el 60% está encarcelado por delitos contra la salud. De este universo, el 38.5% de casos se trata de posesión simple de drogas, siendo la marihuana la más prevalente en un 58.7% (3).

Como podemos ver, la cantidad de personas sancionadas por esta modalidad delictiva es alta, generando una gran carga económica que no está siendo utilizada para perseguir y sancionar conductas de mayor gravedad social. Al mismo tiempo, las consecuencias para la familia y la persona que es encarcelada resultan ser muy graves. En muchos casos, estas consecuencias pueden ser persistentes, pues se crean barreras en los servicios de empleabilidad debido a los antecedentes penales.

Las leyes penales relacionadas al consumo de drogas tienen además un efecto perjudicial en cuestión de disuadir la dependencia a estas sustancias dañinas y en la salud en general de los adictos, alejándolos de los servicios que necesitan y convirtiéndolos en presas vulnerables de enfermedades y peligros como el VIH, la hepatitis C, o una sobredosis. La penalización afecta negativamente a la salud pública (4).

Por lo que al tema de seguridad pública se refiere, algunas personas mencionan que más allá de la despenalización por tenencia de drogas, el legalizar su distribución, posesión, y consumo libre ayudaría a combatir la inseguridad. Estas opiniones resultan muy controversiales en países productores de droga como México y Colombia. En países consumidores, como Portugal o República Checa, las diferencias contextuales llaman a otro tipo de reflexión. En México, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 sobre drogas ilícitas, la marihuana representa el 80% del consumo total de drogas. Tomando en cuenta este dato no resulta tan descabellado pensar que la legalización de la marihuana pudiera ser una estrategia para descapitalizar al narcotráfico (5). Sin embargo, seguiría siendo insuficiente para asegurar que la violencia realmente se detenga.

En general, la aceptación/eficacia de posibles políticas “liberales” en el país permanece incierta, sobretodo mientras Estados Unidos siga teniendo políticas prohibicionistas. ¿Acaso no seguirían los estados fronterizos sometidos a la violencia del narcotráfico por ser “el” lugar de paso? En efecto, el panorama es mucho más complejo de lo que pensamos y estas decisiones tan importantes deberían debatirse sistemática, internacional, pero sobretodo, continuamente, si queremos abordar los problemas de raíz.

Regresando a la pregunta inicial del debate: ¿deberíamos abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública o de seguridad pública? Hasta el momento tenemos registradas más muerte en la guerra contra el narcotráfico que por el consumo de drogas en sí. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) estima que tan solo en los últimos cuatro años se han registrado más de 28 mil asesinatos producto de la lucha directa contra el crimen organizado y la situación sigue lejos de estar controlada (6).

El derecho a la salud debe ser planteado como una obligación legal sobre la base de la no discriminación, puntualmente mediante programas de prevención en contra de virus transmitidos por la sangre, sin contravenir la dignidad de personas que usen drogas, y reduciendo así las muertes por sobredosis de opiáceos. Tratar a los drogadictos como enfermos más que como delicuentes puede ser la opción que nos permita controlar el consumo sin violencia.

Si queremos ver resultados diferentes, necesitamos una nueva estrategia, bien pensada, analizada y consensuada.

Por: Fernanda Aldrette

Referencias:

(1) De la Fuente. J. R. (2015) Marihuana y Salud
(2) http://www.latinoamericareforma.cl/doc/Conferencia_internacional.pdf
(3) http://ppd.cide.edu/la-politica-de-drogas-en-mexico
(4) http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Health/SRLetterUNGASS7Dec2015.pdf
(5) http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf
(6) http://digital.inacipe.gob.mx/post/17487004336/ventajas-y-desventajas-de-la-legalizaci%C3%B3n-de-las

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